La Comisión Europea aprobó en noviembre de 2024 un conjunto de directrices vinculantes para orientar a los Estados miembros en la transición desde el modelo institucionalizado de atención a las personas con discapacidad hacia uno basado en la vida en comunidad. Este paso supone una de las iniciativas más ambiciosas de la UE en materia de derechos de las personas con discapacidad desde la ratificación de la Convención de la ONU en 2009.
Las directrices señalan que los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de apoyo individualizados en sus propios hogares, incluyendo asistencia personal, vivienda adaptada y recursos comunitarios. Se establece un período de adaptación de cuatro años para que los países con sistemas más institucionalizados puedan reformar sus estructuras de atención.
Para España, y en particular para la Comunidad de Madrid, estas directrices refuerzan la legitimidad del modelo OVI, que lleva en funcionamiento desde 2006. El Programa de Vida Independiente madrileño es citado en los informes técnicos de la Comisión como referencia de buenas prácticas a escala europea.
El impacto práctico se espera en dos frentes: por un lado, mayor financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para los servicios de vida independiente; por otro, presión para que las comunidades autónomas que aún no cuentan con programas similares los desarrollen antes de 2028.
Las organizaciones del sector (CERMI, FEAPS, COCEMFE) han valorado positivamente las directrices, aunque advierten de que su efectividad dependerá de los mecanismos de seguimiento y de la voluntad política de los gobiernos autonómicos para destinar los recursos necesarios.